La Asociación de Programadores, Distribuidores y Agentes de Televisión por Cable de Centroamérica (Aprodica) presentó los resultados de un estudio sobre el Alcance y Dimensión de la Piratería Online en Guatemala, el cual estuvo a cargo del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de Latinoamérica.
En términos de audiencia, se estableció que el 20 % de los resultados de búsqueda de contenido audiovisual conducen a sitios ilegales. Además, por cada usuario que accede a sitios legales, casi el doble prefiere los sitios piratas.
El análisis revela que los motores de búsqueda y las redes sociales son las principales fuentes de este tipo de contenido, mientras que los marketplaces muestran una menor cantidad de contenido ilegal. Sin embargo, existen variaciones notables entre países, con Latinoamérica mostrando entre un 5 % y un 25 % de resultados de búsqueda ilegales. Cerca del 90 % de la actividad ilegal identificada corresponde a páginas publicadas en Facebook.
Por otro lado, las tiendas de aplicaciones tienen baja presencia de contenido ilegal. Sin embargo, el ranking de las aplicaciones es destacable, lo que significa que aunque hay pocas aplicaciones ilegales, estas pueden estar bien posicionadas en los resultados de búsqueda.
A nivel regional, se estima que aproximadamente la mitad de los contenidos audiovisuales reproducidos provienen de sitios pirata, con países como Bolivia, Ecuador, Nicaragua y Guatemala mostrando proporciones más altas que el resto de la región. En 2023, los dominios legales tuvieron un 2 % más de visitas que los sitios ilegales analizados a nivel regional.
El estudio también resalta el impacto económico de la piratería, señalando un potencial significativo de mercado para servicios legales de video bajo demanda (VOD) y transmisiones en vivo si los usuarios de piratería migran hacia opciones legales. Además, los ingresos por publicidad en sitios ilegales representan una suma considerable.
Los hallazgos de la investigación subrayan la importancia de abordar la piratería online en Guatemala y en toda Centroamérica, no solo por sus implicaciones legales y económicas, sino también por los riesgos asociados para los usuarios.
Se necesitan medidas integrales que promuevan el acceso legal a contenido audiovisual y protejan los derechos de propiedad intelectual.
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